Un ciudadano común, con más de dos dedos de frente y con la cordura suficiente pare discernir lo que está bien y lo que está mal, al enterarse de la protesta llevada a cabo por los familiares de los dos menores de edad muertos el pasado jueves en José León Suarez, hubiera imaginado que la policía bonaerense asesino por error a estos jóvenes, o que quizás esta fuerza policiaca comenzó a hacerle el juego a la derecha llevando a cabo un plan de aniquilación de menores de edad inimputables. Pero no, la realidad es que los jóvenes que perdieron la vida eran delincuentes que intentaron saquear a un tren de carga. Entonces el ciudadano común se pregunta ¿Qué justicia piden los familiares y amigos de estos malhechores? ¿Acaso pretendían que luego de asaltar un tren fueran felicitados? Los derechos humanos han acostumbrado a los menores a actuar con impunidad confiados en que tienen el derecho a hacerlo.
Un alto funcionario de la Policía Bonaerense afirmo desde el anonimato que ellos “actuaron de la forma que la clase media alta y alta pretende que actúen, impidiendo que menores inimputables roben la carga del tren”.
El Kirchnerismo por su parte, le soltó la mano (aparentemente la ortopédica) al gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, a fin de no ensuciar su imagen de cara a las próximas elecciones, aseverando que la policía de esa provincia actuó en forma represiva sobre jóvenes menores que representan el futuro de esta sociedad que roban porque tienen hambre, aparentemente han desarrollado una dieta que combina autopartes que roban de los trenes, ropa y electrodomésticos que saquen cuando hacen protestas.
Mientras tanto un grupo de la oposición se ha decidido a investigar casos similares a los que se viven hoy en día en la Provincia de Buenos Aires con la finalidad de saber si en otras naciones ser menor de edad y vivir en una villa es sinónimo de estar autorizado a delinquir. Aun no encuentran situaciones equivalentes y son bastante pesimistas en hallarlas.
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